A partir de enero de 2023, todas las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes -149 en total, en las que viven el 52% de la población española- estarán obligadas a contar con una zona de bajas emisiones “con acceso limitado a los vehículos más emisores y contaminantes”, como establece el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030. En la práctica, millones de coches estarán vetados en los centros urbanos, lo que supondrá una reducción del kilometraje y un problema añadido para los talleres ubicados en estos entornos.

La norma deja a cada municipio cierta libertad para establecer sus propias restricciones para mejorar la calidad del aire, aunque en la mayoría de los casos se optará por poner el foco en aquellos vehículos sin etiqueta medioambiental, es decir, los modelos de gasolina matriculados antes del año 2000 y los diésel anteriores a 2006. Todas las ciudades afectadas acumulan un parque de once millones de automóviles -sin contar con sus zonas metropolitanas-, de los que alrededor de cuatro millones podrían verse afectados por restricciones para circular o aparcar. Esto último -aparcar- podría tener un importante carácter disuasorio, ya que hay algunas ciudades, como Madrid, que sí permitirán circular a los vehículos con etiqueta B y C, pero no aparcar en las zonas de estacionamiento regulado, lo que en la práctica supondrá un freno para los usuarios a la hora de acceder al centro.

De las cincuenta capitales de provincia, sólo dos quedarán al margen, Soria y Teruel, ya que no llegan a ese mínimo de 50.000 habitantes. Sin embargo, las 48 restantes, así como otros 101 municipios verán de manera generalizada las restricciones que desde hace años existen en las principales ciudades del país, sobre todo Madrid y Barcelona. Entre ellos se encuentran localidades relativamente pequeñas como Villarreal (Castellón), Utrera (Sevilla), Torrelavega (Cantabria) o Colmenar Viejo (Madrid), que superan por poco las barrera de los 50.000 habitantes.

Restricciones… ¿y peajes?

En la ciudad de Madrid, por ejemplo, estos vehículos más antiguos ya no pueden circular por el interior de la M30, pero a partir del 1 de enero tampoco podrán hacerlo por esta misma vía. Pero aquí no terminan las restricciones, ya que en 2024 serán expulsados por completo de todas las calles de la ciudad. Habrá un periodo de carencia para los vehículos sin etiqueta que estén registrados en la capital, así como para las motos, camiones y furgonetas, pero a partir de 2025 la norma será de obligado cumplimiento para todos los vehículos.

En el caso de Barcelona, las restricciones ya afectan a los vehículos sin etiqueta, aunque sólo de lunes a viernes de 7:00 a 20:00 horas, con un permiso de acceso esporádico para los vehículos que no tienen etiqueta ambiental, incluidos los históricos y los clásicos. Se trata de 24 días de autorización por vehículo al año.

Sin embargo, y como decíamos anteriormente, cada municipio puede establecer sus propias restricciones, aunque es muy probable que muchos de ellos opten por sistemas similares a los ya existentes en Madrid y Barcelona. Tampoco se puede descartar el hecho de que algunas ciudades decidan establecer sistemas de peajes en función de la etiqueta del vehículo, una medida que en cualquier caso también reduciría el kilometraje medio en estos entornos, con el consiguiente perjuicio para la posventa.

El texto del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 deja claro que cada ciudad puede tomar sus propias decisiones, siempre y cuando estén encaminadas “a desincentivar lo máximo posible el acceso de vehículo privado motorizado en general, independientemente del distintivo ambiental que ostente”. Es decir, el objetivo del Gobierno es eliminar de forma paulatina el vehículo privado de las ciudades españolas, independientemente de su distintivo, y de hecho abre la puerta a la imposición de los peajes anteriormente mencionados para conseguir este objetivo. Estos peajes, junto a los sistemas de pago por uso que presumiblemente llegarán próximamente a las autovías -el proyecto ya está en estudio y podría aplicarse en 2024- podrían suponer un golpe muy duro para toda la industria del automóvil.

En cualquier caso, y a pesar de su antigüedad, los vehículos clásicos -entendidos como tales aquellos matriculados o fabricados hace más de treinta años- sí podrán circular por las zonas de bajas emisiones, pero siempre de manera ocasional y nunca como medio de transporte habitual.

Un impacto a dos velocidades

Si damos por hecho que la ausencia de etiqueta medioambiental será el factor principal para limitar el acceso -el propio plan elaborado por el Ejecutivo establece que es una buena guía- esto supondrá un problema muy importante en un país con un parque automovilístico que ronda los 13 años de media y, especialmente, en aquellos lugares con un poder adquisitivo más bajo. Y es que según la consultora MSI, el 30% de los coches que circulan por España no disponen de etiqueta medioambiental, una cifra que es superior en muchas de las zonas afectadas.

Ese es el caso de ciudades como Santa Cruz de Tenerife, donde el 44,1% del parque no tiene etiqueta. Cifras similares encontramos en municipios de las islas como Arrecife (43,7%), San Cristóbal de La Laguna (43,4%) o Arona (41,7%). También el 41,7% del parque se verá afectado en Orense capital, y casi el 40% en León y Ponferrada. ¿Dejarán estas ciudades a casi la mitad de sus vehículos fuera del centro? Pronto lo veremos.

En el lado opuesto se sitúan municipios de la Comunidad de Madrid como Alcobendas (9,9%), Boadilla del Monte (11,6%) y Rivas Vaciamadrid (18,3%). Se dará, por lo tanto, lo que muchos expertos llevan años denunciando, es decir, que las políticas medioambientales se cebarán especialmente con aquellas capas de la sociedad con menor poder adquisitivo, incapaces de realizar las inversiones necesarias para renovar su vehículo y mucho menos hacerlo por un modelo con etiqueta Eco o Cero.

Fuente: La Comunidad del Taller

En la práctica, y a falta de normativa local, en tres semanas los vehículos con pegatina 'B' no pueden circular por determinadas áreas de León capital y Ponferrada.

Esta es la imposición de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que endurece las restricciones de circulación a vehículos de cierta cantidad de años, que son los de la mayoría de la gente de nuestras ciudades, lo que conlleva que los que vamos a pagar esta religión climática y el fanatismo de los que gobiernan, somos la clase media y trabajadora, vamos los de siempre.

Esta falacia política nos llevará al cierre de negocios y la ruina de muchas familias, que nos "OBLIGAN" a cambiar de vehículo en una situción de crisis sin precedentes, cuando lo que estamos es intentando sobrevivir.